“Se está transmitiendo la idea de que Famaillá está enferma cuando todavía goza de buena salud”, declaró semanas atrás José Orellana, referente político de esa ciudad que se quejaba porque el municipio había sido vinculado en una causa por tráfico de drogas. Antes de que se cumplieran un mes de esas declaraciones, la Justicia resolvió que un hombre de esa localidad sea investigado por narcotráfico. “
Personal de la Didrop Sur realizó durante varios meses una investigación por narcomenudeo en el sur de la provincia. El 29 de noviembre pasado, un equipo se presentó en la casa de Jorge “Pelaín” Nacif y secuestró un ladrillo de más de un kilo de cocaína, dosis de esa sustancia y de marihuana, más de $5 millones en efectivo y otros elementos.
El sospechoso huyó del lugar cuando descubrió que los uniformados estaban allanando su casa. No era la primera vez que su nombre aparecía en una crónica policial. En febrero de 2022, fue víctima de un violento episodio protagonizado por la banda de los llamados “narcopolicías”. La Justicia lo investigó como un robo, aunque los pesquisas no descartaron que se tratara de un intento de secuestro. Ese grupo se dedicaba a robar droga o capturar a supuestos narcotraficantes para exigir rescates en dinero o estupefacientes.
En el juicio, que concluyó con la condena de tres policías que se encontraban en actividad al momento de los hechos, Nacif declaró que se dedicaba a la compra y venta de automotores en Famaillá. Explicó que, al tratarse de operaciones realizadas en el mercado informal, no podía justificar formalmente sus ingresos. En el debate surgieron indicios de que podría estar vinculado a la comercialización de estupefacientes, pero no se ordenó la apertura de ninguna investigación.
“Pelaín” fue capturado en la casa de su pareja en abril, después de haber permanecido prófugo durante casi cinco meses. El fiscal Carlos Sale logró que se le dictara la prisión preventiva y que fuera trasladado al penal de Benjamín Paz. Pero con el desarrollo de la investigación, el representante del Ministerio Público sumó indicios para sospechar que el acusado era en realidad proveedor de drogas de distintos quioscos del sur de la provincia e incluso de Termas de Río Hondo.
Un detenido por narcomenudeo, cuyo nombre se mantiene en reserva, declaró que Nacif le proveía drogas para que comercializara. También indicó que el dinero que obtenía lo utilizaba para comprar vehículos de alta gama que posiblemente luego revendía. Esa información también fue corroborada por la investigación realizada por la Policía.
Un planteo rechazado
Con esas evidencias, la auxiliar Andrea Sánchez, siguiendo las instrucciones de Sale, solicitó la incompetencia al considerar que existían indicios suficientes para sospechar que Nacif no era el último eslabón de la cadena de comercialización, sino un proveedor de drogas. El juez Juan Saracho Daza rechazó el planteo al considerar que todavía no había pruebas suficientes para sostener esa teoría y ordenó profundizar la investigación. El Ministerio Público impugnó la resolución.
Después de dos meses, se realizó la audiencia. Sánchez, ahora con la supervisión del fiscal Miguel Varela, insistió con los argumentos. Gustavo Morales, defensor de Nacif, se opuso al pedido. El tribunal integrado por Edgardo Sánchez, Paul Hofer y Jorge Carrasco terminó aceptando el planteo de los acusadores y ordenó que la causa fuera enviada a la Justicia Federal.
“La exigencia de corroboración previa como condición de la declinatoria invierte la lógica del régimen. Si la hipótesis de narcotráfico ha surgido, la profundización investigativa debe practicarse en el fuero federal, que es el naturalmente competente para ella, y no en el provincial, cuya intervención ulterior quedaría expuesta a invalidación”, sostuvieron los magistrados. “Mantener la causa en sede local para corroborar lo que ya justifica la declinatoria produce, además, el efecto institucional inverso al perseguido por el legislador: retarda el acceso del fuero federal al conocimiento de los eslabones superiores”, añadieron en la resolución.
Un caso similar
El caso de “Pelaín” no es el único de estas características que se registró en el sur de la provincia. En mayo de 2024, la Policía detuvo a Lucas Córdoba, acusado de dirigir una red de narcomenudeo en Famaillá. El joven fue procesado por comercialización de estupefacientes y enviado a prisión. Sin embargo, a las pocas semanas se le otorgó el arresto domiciliario por sufrir problemas de hipertensión arterial.
Al analizar el celular del imputado, Sale descubrió que Córdoba estaba vinculado al tráfico de drogas. No sólo encontró fotos con panes de cocaína, sino también mensajes en los que habría acordado la venta de hasta 10 kilos de cocaína a una sola persona. Con ese hallazgo, inició una larga pelea judicial para que se le revocara el arresto domiciliario —temía que se diera a la fuga o que continuara con la actividad ilícita— y para que la causa fuera remitida a la Justicia Federal. Después de más de un año de planteos, un tribunal de Impugnación le dio la razón al Ministerio Público.
A más de dos años del inicio de la investigación, el expediente se encuentra en la Cámara de Apelaciones por los planteos recursivos que realizó Benito Allende, defensor del acusado de traficar cocaína desde Bolivia y Perú para distribuirla en esta y otras provincias.
Vínculos y sospechas
Hay versiones encontradas sobre los vínculos de Nacif con Córdoba. Los vecinos de la ciudad sugieren que no tenían relación alguna. Otras indican que eran competidores, pero que se respetaban y evitaban enfrentarse para no llamar la atención de los pesquisas. Pero también existe una versión que roza el mito urbano: Córdoba habría brindado información para que Nacif fuera secuestrado.
Lo que sí está confirmado es que “Pelaín” es tío de Marcos Martín Nacif, el hombre que fue detenido por transportar 470 kilos de cocaína en un procedimiento realizado en junio pasado en el sur de la provincia. Incluso, según lo confirmó Morales, mantuvo una reunión con el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz para desvincularse de la causa y, posiblemente, aportar información.
Por este caso también se encuentran detenidos Rodrigo “Icha” Chávez -dueño de la camioneta en la que se transportaba la droga y ex candidato a concejal de esa ciudad-, Pablo Abraham Pérez -supuesto líder de la organización-, Matías Díaz, Enrique Santos Catulo -condenado en la causa del clan Ale por lavado de activos- y su hijo, Fernando Catulo Chamas.
Desde que se inició la investigación se conocía la relación entre “Pelaín” y Abraham Pérez. Si bien es cierto que habían sido amigos durante un tiempo, se habrían distanciado en los últimos años por diferencias originadas en la compra y venta de vehículos.